derecho civil patrimonial

Creo, sin embargo, que no corresponde asignarles simplemente el carácter de formalidades de simple noticia, sino, por el contrario, se trataría de formalidades por vía de publicidad sustancial, cuya omisión acarrea la inoponibilidad de la afectación respecto de terceros. En cambio, el derecho continental, debido a la influencia del derecho romano (que, desde sus comienzos, se preocupó por que las normas jurídicas fueran escritas, a fin de que todos pudieran conocerlas), es un derecho eminentemente "legal", en tanto la principal fuente del mismo es la ley. Posteriormente, y debido a la actuación de los tribunales judiciales, evolucionó hasta que los precedentes se encumbraron como la principal fuente de derecho, y el sistema pasó a convertirse en uno de "derecho jurisprudencial". El Conservador podría negarse a inscribir, lo cual tendría bastante fundamento". "La seguridad jurídica en el derecho civil". 142 del Código Civil, el art. La protección concedida por la disposición en estudio se hace especialmente necesaria cuando -lo que constituye el caso más frecuente- se sustituye la sociedad conyugal por el régimen de separación total de bienes, desde que tal sustitución puede estar destinada a burlar los derechos de terceros, y es eso lo que se intenta evitar con esta regla97. 147 inciso final del Código Civil en materia de bienes familiares. Barcelona: Bosch. Santiago. Conforme a lo expresado, y siguiendo lo planteado por Luis Felipe Ragel en España, puede afirmarse que la inoponibilidad consiste en: Una cuestión relevante es la referida a cómo los terceros hacen valer este mecanismo de protección. Y el legislador, plenamente consciente de ello, establece esta regla de inoponibilidad fundada en la protección de los derechos adquiridos. Su afirmación es plenamente aplicable al Derecho nacional, en que se observan importantes vacíos en lo referido a la protección de los terceros. cit. Madrid: Civitas. Esta función protectora de los terceros se justifica plenamente, por cuanto en las relaciones jurídicas con personas casadas se presentan diversas situaciones que pueden ponerlos en riesgo, en especial a los acreedores de alguno de los cónyuges. Al estado corresponde investigar, adelantar y resolver de oficio los asuntos que se puedan suscitar y de los que haya tenido conocimiento. “A” ABOGADO.-Profesional del derecho que ejerce la abogacía. Igualdad entre las partes. "Evolución legislativa y aplicación jurisprudencial del estatuto de los bienes familiares", en Alejandro Guzmán Brito (coord. 120 Así lo afirma en el Derecho español Álvarez (1996), p. 233. En el Derecho español, que contiene una regla muy similar a la nuestra en el art. Al igual que en el supuesto anterior, los terceros destinatarios de esta protección son, como expresamente lo prevé la norma, los acreedores del cónyuge propietario, que adquirieron sus derechos antes de la constitución de los referidos derechos reales y que, por lo mismo, no pueden ver afectado su derecho de garantía general por la posterior constitución de estos gravámenes en el patrimonio de su deudor. 114 Bravo con Pizarro y otro (2009). 18 Alessandri (1940), p. 19. 1778, conforme a la cual el marido se mantiene como responsable de las deudas sociales, pero en lo referido a las deudas personales, se radica la responsabilidad en cada cónyuge, por lo que la celebración del pacto con liquidación en la forma señalada no sería indiferente para los acreedores personales. Santiago: Legal Publishing. Derecho de familia. Incluso, hay países en que la inscripción constituye un requisito de validez. Se trata de garantizar la estabilidad de los efectos de la actuación jurídica en el ámbito del intercambio. WebTratado de derecho civil, parte preliminar y general 2. Obligaciones y contratos de la mujer casada en sociedad conyugal: responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. Se puede hablar de un ordenamiento seguro en este sentido cuando sus normas pueden ser fácilmente conocidas y comprendidas por los miembros de la sociedad, y no están sujetas a experimentar cambios en períodos muy breves, ya que la dificultad para aproximarse o acceder a las normas, o para entenderlas, así como las variaciones o mutaciones muy rápidas de las mismas representan situaciones de inseguridad30. Este es el motivo por el cual en Estados Unidos aún se enseñan normas de la época colonial inglesa. La única excepción que, dentro del sistema continental, existe para este principio general son los llamados "fallos plenarios", según se explica a continuación. Key words: lack of effects, third parties, legal certainty, matrimonial property regime, family property. "Problemática General del Régimen Patrimonial del Matrimonio". El derecho procesal civil y comercial es una rama del derecho procesal que regula la actuación ante los Tribunales para obtener la tutela de los derechos en asuntos de naturaleza civil o mercantil. 1723 del CC, disposición que consagra el principio de la mutabilidad de los regímenes económico matrimoniales, que en su inicio fuera rechazado en varias legislaciones, entre ellas la nuestra, precisamente en razón del riesgo que traería aparejado para los terceros13, pues se entendía la inmutabilidad como una forma de resguardarlos. De esta forma, el concepto de tercero debe limitarse a aquellos que pueden verse afectados por el acto o situación ajenos. N° 175. Ragel (1994), p. 109. La doctrina de la apariencia jurídica: (una explicación unitaria de los artículos 34 de la L.H. La regularidad del sistema jurídico comprende la idea de seguridad del ordenamiento, de los derechos subjetivos y del 71 tráfico jurídico, pues la garantía de todas ellas implica una adecuada configuración del sistema jurídico en el plano estructural y funcional. Así, puede citarse un fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de 1 de septiembre de 1999138, en que se refiere en general a las consecuencias de la declaración de bien familiar en relación con terceros y se expresa en sentido de conferirles protección a los acreedores anteriores a tal calidad: Se observa que la Corte se inclina por proteger al tercero en razón de su calidad de acreedor anterior a la declaración de bien familiar, siendo ese el factor determinante en su decisión, y expresamente cita el art. Manual de derecho de familia 2. La norma no distingue. 1 Alessandri (1940), p. 18. Esto porque la autorización del no propietario es un requisito del acto por el cual se constituye el crédito y la garantía, y que nada tiene que ver con los efectos que puede producir la calidad de familiar del bien en la fase de ejecución. Santiago: Ediciones Universidad de Chile. Chicharro S.A. con Andrade (2003): Corte de Apelaciones de Santiago, 6 de noviembre de 2003, rol 4181-1999, disponible en www.legalpublishing3.cl CL/ JUR/3714/2003. En ese caso el juez a quo rechaza el beneficio fundado, precisamente, en que el inmueble había sido declarado familiar con posterioridad a la fecha en que se otorgó el crédito y se constituyó la hipoteca sobre el mismo. Por su parte, Antonio Pérez Luño conecta la seguridad jurídica con la certeza del Derecho, afirmando que para ella se requiere la posibilidad del conocimiento del derecho por sus destinatarios. Vidal Olivares, Alvaro (2004). Algunos académicos consideran que el nombre de derecho anglosajón es inadecuado, ya que este indicaría hacia un derecho utilizado por los antiguos anglos y sajones (anglosajones) en la Inglaterra medieval temprana. El principal de estos procedimientos es el que regula la Ley General de Bancos146, establecido con la finalidad de proceder a la ejecución de mutuos otorgados a través de la emisión de letras de crédito. Por consiguiente, a través de ellos se regulan las relaciones patrimoniales de los cónyuges entre sí, y de éstos con terceros. Se aplican en atención al equilibrio de cada actuación y a la finalidad perseguida. A continuación, procederé a examinar los diversos casos de inopo-nibilidad, distinguiendo aquellos que cuentan con consagración legal o reconocimiento jurisprudencial, de aquellos en que aún se observa la necesidad de contemplarla o reconocerla por vía de interpretación, en pos de garantizar la debida protección a terceros y, por consiguiente, favorecer la seguridad jurídica. 24 Recurren al sentido natural de la expresión para examinar y explicar la noción de seguridad jurídica: Fernández (1994), p. 51 y Díez-Picazo (2007), p. 67. Viña del Mar. Muñoz Cervera, Miguel (1994). Álvarez (1962), p. 15. Si el tercero conociera la situación real claramente no sería merecedor de amparo alguno, porque estaría obrando de mala fe, y no podría desconocer aquello de lo que estuvo consciente. Si se relacionan estas clases de inoponibilidad mencionadas por los autores como formas de ineficacia con lo ya señalado en torno a los fundamentos de la protección a los terceros, resulta evidente que la primera se vincula con la protección de la apariencia y la seguridad del tráfico, ya que no se les puede oponer lo que no pudieron tener conocimiento, sino solo aquello que pudieron observar o conocer. Por el contrario una entidad de derecho público puede intervenir en un proceso como parte actora o demandada en un litigio promovido por o contra un particular según la naturaleza privada civil (no administrativa) del derecho elevado ante los juzgados y tribunales de justicia en las instancias. Este modelo recogido en la LEC española ha servido de guía a procesos de reforma posteriores, finalizados o en curso. Por ello, debe destacarse como un supuesto en que es preciso reconocer la inoponibilidad a favor de terceros, fundada, al igual que en los casos anteriores, en la protección de la anterioridad, de los derechos adquiridos previamente por aquellos. 141. Por ello, también se aprecia en tal supuesto la necesidad de conferirles protección100. Eso es lo que constituye su esencia. Álvarez (1996), p. 211. Guzmán (1983), p. 56. El derecho anglosajón es un sistema "jurisprudencial", en tanto la principal fuente del mismo son las sentencias judiciales (el conjunto de las mismas se denomina "jurisprudencia"), las cuales tienen un carácter "vinculante", es decir, son obligatorias para todos los jueces, quienes no pueden apartarse de las decisiones tomadas previamente por otros magistrados. La relación entre seguridad jurídica y la protección a los terceros, y 66 la contribución de esta a la verificación de aquella, queda en evidencia con una somera revisión de lo que se entiende por seguridad jurídica, que como ha expresado un autor23, constituye un "valor jurídico irrenunciable", que el Derecho debe garantizar. Refiriéndose esta cuestión, Jaime Melillán expresa que en ninguno de estos juicios es posible hacerlo valer. Peñailillo (1999), p. 7 Por su parte, Sala (1994), p. 34, refiriéndose a la seguridad jurídica en general, expresa que el momento en que ella adquiere su máxima plenitud es el de la decisión judicial. ¿A quién pertenecerán estos bienes? Por su parte Alejandro Guzmán afirma que el análisis de la seguridad admite delimitaciones según diversos factores, siendo uno de ellos el de la tradicional distinción entre derechos subjetivos y derecho objetivo. WebARTICULO 1° — Apruébase el Código Civil y Comercial de la Nación que como Anexo I integra la presente ley. Como se puede advertir, no se trata en rigor de nociones diversas de inoponibilidad, sino de explicaciones construidas a partir de perspectivas distintas. Meloni y Saguir (1994), p. 1. II. 1723, 147 y 148 del CC, se funda en la protección de derechos adquiridos con anterioridad. WebEl matrimonio civil es el matrimonio legal que se celebra de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Regímenes matrimoniales. El derecho anglosajón (en inglés, common law), derivado del sistema aplicado en la Inglaterra medieval, es aquel utilizado en gran parte de los territorios que tienen influencia británica. Madrid: Civitas. Como es sabido, una vez producida la disolución de la sociedad conyugal, se da lugar a una comunidad entre los cónyuges o entre uno de ellos y los herederos del otro. En cambio, tratándose de los terceros, tales derechos solo serán oponibles desde que se practique su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Domínguez Águila, Ramón (1984). Por consiguiente, se funda en la protección de derechos adquiridos con anterioridad95. En tal sentido, debe destacarse que, precisamente, el ámbito en que ella tiene mayor relevancia es aquel en que el legislador no ha previsto mecanismos de protección a los terceros de manera expresa y estos se ven afectados por la actuación jurídica ajena61. "El contrato en perjuicio de terceros". En los autores, Luis Claro Solar108, refiriéndose al reemplazo de la sociedad conyugal por la separación total de bienes, expresa que los bienes que en razón de ello le correspondan a la mujer y que formaban parte del haber social, pueden ser perseguidos por los acreedores como si la separación de bienes no se hubiese pactado, y que la mujer no podrá oponer el pacto y el nuevo régimen para liberarse de responsabilidad. Pérez Luño, Antonio (1991). En España, Federico de Castro, aunque reconoce que ella puede manifestarse en los casos en que lo que no puede oponerse es la eficacia del negocio, se pregunta si cabe considerarla propiamente uno de los tipos de ineficacia del negocio jurídico o, más bien, debería estimarse como una figura más general, que es lo que le parece más adecuado. Santiago. Si bien el matrimonio da lugar a un amplio estatuto jurídico protector para quienes lo contraen, no debe perderse de vista que la exigencia de seguridad jurídica vigente en todo ordenamiento implica, entre otros aspectos, resguardar 60 adecuadamente la situación de los terceros frente a la actuación jurídica ajena en cuanto pueda perjudicarles en sus derechos o intereses. También la Corte Suprema en sentencia de 21 de julio de 2010 se pronuncia en el sentido de que la sustitución del régimen de bienes resulta inoponible a los acreedores anteriores en razón de lo establecido al final del inciso segundo del art. Conectada con esta última interrogante, surge la referida a la posibilidad de oponer el beneficio en juicios ejecutivos especiales. No obstante, en alguno de estos supuestos, nuestros tribunales 81 han interpretado las normas en el sentido de reconocerla, a pesar de la falta de consagración legal, aplicando el principio de protección a terceros. Desde allí realiza el análisis en el contexto de la regulación patrimonial del matrimonio, para demostrar que la inoponibilidad tiene naturaleza jurídica de mecanismo protector. En cambio, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe está basado en su anteriores redacciones (de carácter hispánicas) y en el Código Procesal alemán. WebDerecho civil Te explicamos qué es el derecho civil, su historia, ramas y características. N° 2. 1723 para burlar a los terceros no es poco. 126 En relación con este punto, y conectado con la forma de operar de la inoponibilidad, esta forma de entender el perjuicio se traduce en que esa circunstancia es la que deberá invocar el acreedor para que se disponga la procedencia de sus acciones como si el régimen no hubiese cambiado. "Los bienes familiares en el código civil", en Cuadernos Jurídicos Universidad Adolfo Ibáñez 2. De ahí que frente a la ignorancia o desconocimiento de la realidad por 78 parte del tercero se le confiere protección por haber desplegado su propia actuación confiando en la apariencia que se generó por dicha omisión, permitiéndole comportarse conforme a ella y no a la realidad. La idea de mantener respecto del acreedor la situación existente al nacer el crédito lo recoge la Corte de Apelaciones de Valparaíso118 en una sentencia en que, resolviendo sobre la tercería interpuesta por la mujer por haberse embargado un bien raíz que le había sido adjudicado al liquidarse la sociedad conyugal, y tratándose del cobro de un crédito existente con anterioridad al pacto, expresa: Afirma, asimismo, que el legislador en el art. WebOcultar / Mostrar comentarios Los franceses que adquieran la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia están exentos del requisito establecido en el artículo 23.b) del Código Civil de renuncia a la nacionalidad anterior, en este caso, la francesa y, por otra parte, los españoles emancipados que, residiendo habitualmente en … Santiago: EditorialJurídica de Chile. 1723. Correo electrónico: maria.brantt@ucv.cl. En tales casos, aunque el crédito se termina de formar después de la celebración del pacto, se puede afirmar que nació en el momento en que tuvo lugar el hecho ilícito y, por consiguiente, le alcanza la protección establecida por la norma. Concepción. La Corte de Apelaciones de Valparaíso afirma la necesidad del ejercicio de una acción de inoponibilidad en una sentencia de 2 de octubre de 2007113. WebEl daño en el ámbito jurídico es el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a otro en su patrimonio o en su persona. Solo los derechos personales o de crédito son los que se tienen respecto de otra persona, en este caso, el marido o la mujer. Inoponibilidades consagradas legalmente o reconocidas jurisprudencialmente. En igual sentido, María Pilar Álvarez Olalla afirma que el art. 146 del CC, Se trata aquí de otro problema que se presenta en el terreno de los bienes familiares. Ahora bien, reconoce que el sujeto con intereses o derechos derivados de la situación real puede estar también de buena fe y, en ese escenario, en su opinión la protección del tercero igualmente se justifica en pos de la seguridad del tráfico. Abeliuk (2008, reimp. WebEl dolo en el derecho penal. 47.219 de 31 de diciembre de 2008. Nuestra Corte Suprema se ha pronunciado en este sentido, al expresar, refiriéndose a esta doctrina, en fallo de 13 de agosto de 2009, Olivares con Constructora Malpo (2009): "[...] frente a la dualidad de apariencia y realidad surge el deseo de proteger a los terceros. 48 Ello sin perjuicio de tener en cuenta lo que destaca Alejandro Guzmán Brito, en el sentido de que las dos vertientes de la seguridad jurídica que pueden delimitarse, a partir de la distinción entre Derecho Objetivo y Subjetivo, esto es, la referida al conjunto de normas que conforman el Derecho Objetivo, y la correspondiente a los derechos subjetivos, son relativamente independientes entre sí, en el sentido de que puede existir un ordenamiento jurídico seguro, pero en que los derechos de los individuos no estén debidamente resguardados; y viceversa -aunque reconoce que sería difícil, pero no imposible de concebir- que a pesar de faltar la primera forma de seguridad, esté, sin embargo, presente la segunda. En una línea diversa se encuentra Eduardo Court, para quien la subinscripción y anotación constituyen una solemnidad de la afectación, junto con la escritura pública, de modo que los derechos y acciones no tendrán la calidad de familiares mientras ellas no se realicen. Al abordar la seguridad jurídica desde la perspectiva del Derecho Civil, este parece ser el sentido que Francisco Merino Scheihing40 le atribuye al entenderla como. Romero Seguel, Alejandro (2011). Madrid: Consejo General del Notariado. 1317 del CC español debe estar consumado el proceso adquisitivo con el ingreso efectivo al patrimonio. Este aviso fue puesto el 12 de diciembre de 2011. Rodríguez (1996), p. 294. Tal calidad, y los efectos que de ella derivan, ya son conocidos por el acreedor desde que es él mismo quien exige dicha autorización, por lo que no podría luego pretender ignorar, ni la existencia del bien familiar, ni los efectos que de ello se siguen. En definitiva, la protección de los terceros constituye un contrapeso a la autonomía de la voluntad en cuanto principio angular del Derecho Privado. Ello, sin perjuicio de que deba ser alegada al momento de ejercer las acciones respectivas contra los cónyuges o, bien, por vía de excepción si es lo que corresponde, a objeto de que el juez la constate y proceda sobre la base de ello a acoger la respectiva acción o excepción115. Derecho y seguridad jurídica. Santiago: Universidad Diego Portales. Ramón Domínguez también destaca que es un caso común de contrato en fraude de terceros el de la celebración de esta convención, Domínguez (1984), p. 105. Por ello, entender la norma en términos literales implica poner en riesgo a los terceros, por la eventual nulidad de ciertos actos sobre tales bienes realizados sin que tengan o puedan tener conocimiento de tal transformación. La defensa frente a tercero de los intereses del cónyuge en la sociedad de gananciales. 81 Es lo que se aprecia, por ejemplo, en ciertas reglas sobre responsabilidad por deudas, así como en ciertas presunciones que apuntan a resguardar el derecho de garantía general de los terceros acreedores, etcétera. En la República de Chile, el procedimiento civil está regulado por el Código de Procedimiento Civil, y otras leyes especiales, que empezó a regir el 1 de marzo de 1903. En este sentido, la noción de seguridad jurídica está conectada con lo que comúnmente se denomina certeza del Derecho, entendida precisamente como el conocimiento o posibilidad de conocimiento claro y cabal del mismo, que como tal, es factor de seguridad31. Vol. Castellón Munita, Juan Agustín (1991). En el primer contexto, Arturo Alessandri, Manuel Somarriva y Antonio Vodanovic la definen como: Como es habitual, también, al abordar esta figura, clasifican las inopo-nibilidades en dos grandes grupos: de forma y de fondo. 142 del CC impide el ejercicio del beneficio. Además, conviene tener en cuenta que conforme al art. Además, cabe tener presente que varios de los fallos ya citados corresponden a situaciones en que los acreedores son hipotecarios, y, aunque se rechaza en todos ellos la oposición el beneficio, la razón es que la calidad de familiar era posterior a los créditos, pero en ninguno se señala que sea siempre inoponible a esa clase de acreedores, como debiera haber sucedido de seguirse el criterio planeado por los autores citados. 130 Debe tenerse presente, como se comentará en el supuesto analizado a continuación, que la calidad de bien familiar no torna inembargables los bienes respectivos, por el contrario, siguen bajo la órbita del derecho de garantía general de los acreedores, sin perjuicio del denominado beneficio de excusión que puede influir igualmente en la situación de los terceros, como se verá. 32 Antonio Pérez Luño destaca que el conocimiento del Derecho le permite al sujeto saber con claridad y de antemano aquello que le está mandado, prohibido o permitido, y en función de ello puede organizar su conducta presente y futura conforme a una razonable previsibilidad. Álvarez Olalla, María Pilar (1996). Peñailillo, Daniel (1999). En la doctrina, las manifestaciones a favor de esta interpretación protectora de terceros son diversas. En efecto, al contemplar la posibilidad de que el juez disponga el pago de la compensación económica a que haya lugar mediante la constitución de derechos reales de usufructo, uso o habitación sobre bienes del cónyuge deudor, establece que tal constitución no perjudicará los derechos de los acreedores anteriores de este. b) Inoponibilidad del art. Frente a esto, hay quienes sostienen131 que la inscripción no es obligatoria, porque la sentencia constituye los derechos reales de usufructo, uso o habitación, y no existe obligación legal de inscribirla porque no se trata de un título traslaticio, siendo solo de aquellos títulos que pueden inscribirse, de modo que tales derechos nacen y son oponibles a los cónyuges y terceros desde que se pronuncia la sentencia que los constituye. Guzmán (1983). Contratación entre cónyuges. Si bien no se especifica cuál era la fecha de nacimiento del crédito, resulta criticable que para fijar la procedencia de la regla del art. 127 Sobre el origen y finalidad de los bienes familiares, por todos: Corral (2007), p. 55 y ss; Rosso (1998), p. 49 y ss. 55 Y debe serlo, aunque ello suponga proteger al tercero en desmedro del verdadero titular de un derecho, que es el conflicto que plantea esta doctrina, al producirse una colisión entre el derecho del tercero y el del verdadero titular, como reconoce Peñailillo (1999), p. 13. De la misma forma que ocurre con los regímenes matrimoniales, en materia de bienes familiares17 también está latente el perjuicio de los derechos de terceros, en razón de los efectos que tal declaración produce en las facultades de administración y disposición de los cónyuges. Así, es posible citar la legislación uruguaya, en la que el DL 15.597 establece en el art. Por lo anterior, lo dicho en esta primera parte se refiere, en general, a toda la normativa de naturaleza patrimonial vinculada al matrimonio. Aun cuando sostiene que conforme a las reglas generales el pacto podría atacarse por simulación o acción pauliana, afirma que para ellas no es necesaria la regla protectora del art. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Si no ha habido liquidación, debe reconocerse que el acreedor puede, invocando la inoponibilidad, perseguir cualquier bien de la comunidad que se forma a la disolución de la sociedad conyugal, pues de esa forma se logra mantener a su respecto la situación anterior al pacto. El dolo, en el derecho penal para el derecho penal, supone la intención tanto en el obrar del sujeto como en la abstención cuando la obligación legal es la actuación (comisión por omisión).. En estos casos, el legislador ordena que la afectación se anote al margen de la inscripción social, si se trata de una sociedad de personas; o se inscriba en el registro de accionistas, si se trata de una sociedad anónima. Se puede decir que el Código Civil es la representación en papel del derecho civil.. A través de él se establecen pautas claras en torno a la vida del ser humano y de sus posteriores relaciones con el entorno.. Por ende, el Código Civil es una herramienta de mucho valor en cualquier sociedad y tiende a ser muy extensa, pues … de dicho cuerpo legal. Ragel, Luis Felipe (1994). Ello, con la finalidad de proteger a la familia asegurándole un lugar donde vivir y desarrollarse con normalidad127. Rodríguez Grez, Pablo (1996). WebEl Derecho de Familia o también llamado Derecho familiar es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que integran la familia.. Es la parte del Derecho Civil que tiene por objeto las relaciones jurídicas familiares: relaciones conyugales, paterno-filiales, tanto en su … Sin embargo, los peligros también se pueden presentar en los otros dos regímenes, el de participación en los gananciales e, incluso, el de la separación total de bienes. El tribunal de primer grado rechazó la tercería. Pérez (1991), p. 97. A partir del tenor de la norma, se concluye que son aquellos cuyos créditos han nacido con anterioridad al cambio del régimen103, porque es en ese caso que cabe hablar de derechos adquiridos. 2 En España, José Luis Lacruz Berdejo y Francisco Sancho Rebullida destacan que si bien el matrimonio supone un consortium omnis vitae de dos personas para realizar un fin común específico extrapatrimonial, dicho fin tiene proyección material y pecuniaria, y exige una regulación específica de los medios económicos que sirven a tal fin, a lo que se encaminan los regímenes matrimoniales. Tal norma se interpreta como manifestación de un principio general que debe aplicarse también al beneficio de excusión, el cual, al afectar de manera directa a los acreedores impidiendo que puedan dirigirse inicialmente sobre los bienes familiares, no puede constituir una herramienta para que la institución sea utilizada por los cónyuges con el único fin de burlar a sus acreedores, ignorando su real fundamento. b) La doctrina de la apariencia y la protección de los terceros. 1. El sistema de derecho anglosajón se basa, sobre todo, en el análisis de las sentencias judiciales dictadas por el mismo tribunal o alguno de sus tribunales superiores (aquellos a los que se pueden apelar las decisiones tomadas por dicho tribunal) y en las interpretaciones que en estas sentencias se dan de las leyes. 54 Raúl Álvarez Cruz afirma que la apariencia busca proteger a los terceros, a quienes razonablemente han confiado en la apariencia de los hechos. Sin interés no hay acción. "Algunas consideraciones sobre el estado de indivisión que sigue a la disolución de la sociedad conyugal". Interpuesto el recurso de apelación, la Corte de Apelaciones de Santiago confirma el fallo impugnado. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte. El autor se refiere a este requisito afirmando que constituye "una situación jurídica contraria a la realidad, pero que confiere a su detentador los signos exteriores de un título verdadero". Y junto con establecer tal posibilidad, prevé una norma protectora de terceros, al disponer que la constitución judicial de estos derechos reales "no perjudicará a los acreedores que el cónyuge propietario tenía a la fecha de su constitución". Para ello aborda el principio de protección a los terceros en el derecho civil y sus fundamentos. N° 33. c) La inoponibilidad como mecanismo de protección de los terceros. El paso siguiente, según lo previsto por el legislador, es su liquidación. Meza Barros, Ramón (1995). Díez-Picazo (2007), p. 67. La dificultad que 110 surge en relación con los intereses de los terceros es determinar cuál es el papel que cumplen dichas subinscripciones y anotaciones para efectos de la afectación de tales derechos y acciones como familiares. Resulta necesario analizar el conflicto que se produce entre los cónyuges y los terceros, por los términos tan amplios en que el legislador consagra este beneficio. En las cuestiones planteadas queda de manifiesto además que las reglas que los conforman interesan no solo a los cónyuges sino, también, a los terceros con quienes aquellos se relacionarán. Esta disposición contenida en la ley de matrimonio civil busca proteger a los terceros en el contexto de la compensación económica, fijando una regla similar a la del art. 10 Tanto en los regímenes de separación como en el régimen de comunidad restringida que es la sociedad conyugal en nuestro ordenamiento. Palabras clave: inoponibilidad, terceros, seguridad jurídica, regímenes matrimoniales, bienes familiares. 105 En España, refiriéndose a este punto María Pilar Álvarez Olalla parece ir en sentido opuesto cuando afirma que para que se aplique la protección del art. pongan en riesgo los derechos de los acreedores anteriores a la afectación, quienes pueden resultar perjudicados como consecuencia de que los cónyuges, valiéndose de la institución de los bienes familiares, intenten evadir el cumplimiento de las obligaciones contraídas, burlando sus derechos. Santiago. Hay que considerar eso sí que la Corte entrega como primer fundamento para rechazar el beneficio de excusión la circunstancia de tratarse de un juicio hipotecario, en particular, una acción de desposeimiento, en que solo cabía el embargo sobre la finca hipotecada, sin que el tercero fuese deudor de la obligación caucionada. En efecto, la seguridad jurídica constituye la base de un correcto desenvolvimiento de las relaciones jurídico-patrimoniales, desde que su vigencia permite mantener la confianza para ejecutar o celebrar toda clase de actos o contratos sin otros riesgos que los originalmente previstos por el legislador. 121 En el caso resuelto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en sentencia Castillo Castillo con Cavieres Cancino (1990), se practicó el embargo sobre el bien raíz, no obstante estar inscrito a nombre de la cónyuge en virtud de la liquidación de la sociedad conyugal. Ello porque se trata de una situación que involucra los intereses de los terceros, más aún teniendo en cuenta que en este tipo de bienes familiares las limitaciones que dicha calidad impone son de dos clases: además de las establecidas por el art. La Corte Suprema, en fallo de 13 de agosto de 2009, Olivares con Constructora Malpo (2009), afirma que en esos casos la apariencia equivale a la personalidad, titularidad y legitimación mismas, agregando que quienes han confiado razonablemente en una manifestación jurídica dada ante una apariencia determinada y se han comportado conforme a ellas, tienen derecho a contar con la misma, aunque no corresponda a la realidad. Su principal concreción en la imponibilidad, a) La seguridad jurídica y la protección de los terceros. 97 Manuel Somarriva, refiriéndose a la mutabilidad de los regímenes económico-matrimoniales que vino a instaurar esta disposición, destaca que el uso del art. Merino Scheihing (1983), p. 146. Valladolid: Lex Nova. Como ha destacado un autor, en la esfera de las relaciones con personas ajenas al matrimonio, los cónyuges se encuentran en una situación de privilegio para incurrir en conductas que burlen y causen daño a los terceros, especialmente por la vía de movimientos entre patrimonios que vayan en perjuicio de aquellos que estén en relación jurídica con ellos12. En la segunda parte, en tanto, analizaré los diversos supuestos de inoponibilidad que es posible identificar en el ámbito matrimonial en nuestro Derecho Civil, tanto los previstos expresamente por el legislador como aquellos que es preciso reconocer a pesar de ausencia de norma que los consagre. En nuestro Derecho, el art. Tucumán. 1, N° 82. "Régimen jurídico aplicable a la sociedad conyugal disuelta". La seguridad jurídica. La seguridad dinámica, en cambio, sería equivalente a la llamada seguridad del tráfico47, que alude a aquella que debe garantizarse al que quiere intervenir en el mismo, realizar negocios, desplegar actividad jurídica y económica y, por tanto, promover su desarrollo. Debe considerarse, en todo caso, la existencia de opiniones en contra de esta interpretación. En el sistema continental, las sentencias emitidas anteriormente por otros jueces no tienen carácter "vinculante" para el resto de los magistrados. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles … 1723. 100 Hugo Gatti destaca que si no hay liquidación inmediata el derecho de persecución se hace más difícil, Gatti (1960), p. 128. 165 inc. segundo, 1723 y 1791-1, es también otra vía para generar dificultades en el ejercicio de los derechos de los terceros acreedores respecto de los cónyuges, y aparece más clara la necesidad de una correcta 92 aplicación de la norma de inoponibilidad del art. ), Seguridad jurídica y contratación mercantil. Por otra parte, cabe tener en cuenta que si se revisan los diversos supuestos que en general la doctrina propone como casos de inoponibilidad -bajo las categorías antedichas de forma y fondo- se advierte que todos ellos pueden, también, presentarse como dos categorías que se organizan a partir del fundamento que las justifica: - la protección a la apariencia jurídica y, por consiguiente, a la seguridad del tráfico y. En Escocia también se usa un derecho mixto entre continental y anglosajón, aunque en este caso, a diferencia del de Quebec, la diferenciación no se efectúa sobre la base de la rama del derecho que se aplique (penal o civil), sino que prácticamente se trata de un sistema integral y diferenciado, pero desarrollado sobre la base de las influencias de otros sistemas. Madrid: Tecnos. En efecto, solo en los arts. Por lo anterior es que, como expresa Luis Díez Picazo43: Estas dos últimas formas de comprender la seguridad jurídica -como protección de los derechos adquiridos y como seguridad del tráfico jurídico- han sido explicadas también en el sentido de corresponder la primera a la seguridad en una perspectiva estática, mientras que la segunda a una dinámica44. Además, la cuestión a que da lugar la redacción de la norma no es indiferente en el terreno práctico, por cuanto es común que en las escrituras de compraventa de inmuebles pertenecientes a personas casadas se exija la comparecencia y autorización del cónyuge no propietario, en los términos previstos por el art. Un mecanismo especialmente relevante en este ámbito es la inoponibilidad, cuya naturaleza jurídica es la de una medida protectora de los terceros que debe operar de pleno derecho frente a las actuaciones jurídicas ajenas y que se funda, según el caso, en la protección de los derechos adquiridos o de la apariencia, y que les permite a aquellos actuar desconociendo los efectos de los actos perjudiciales, de modo de mantener intacta su situación. Estudio del régimen económico matrimonial y de su inserción en el sistema de regímenes económicos en derecho de la familia chileno". WebBOE-A-2003-21053 Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad. 57 Álvarez (1962), p. 12. 70 Plantea la inoponibilidad como un mecanismo de protección de los terceros frente a la oponibilidad general de los contratos: Vidal (2010), p. 97 y ss. A fin de evitar esa situación indeseable, se reúnen todas las salas de la cámara (por ello se dice que la Cámara se reúne "en pleno") y se ponen de acuerdo respecto de una única interpretación para determinada norma. La doctrina nacional está dividida al respecto, y algo similar se observa en los fallos de nuestros tribunales. Fueyo, Fernando (1985). Vol. Bustos Pueche, José Enrique (1999). 1723 busca proteger a los terceros de. Estudios de Derecho Privado. Sin perjuicio de reconocer esa realidad, en mi opinión hay ciertos rasgos comunes que permiten delinear, al menos de un modo general, los aspectos o enfoques de la seguridad jurídica a que me referiré a continuación. En Chile lo reconoce Rodrigo Barcia, cuando afirma que en esta materia prevalecen los principios de familia, aunque igualmente opera el de protección a terceros. 1. Destaca que ello traería dificultades en lo que refiere al sistema registral por las inscripciones112, aunque reconoce que hay fallos que han acogido esta tesis. The purpose is to demonstrate that the lack of effects has legal entity of protective mechanism. "La seguridad y la certeza jurídicas a través de la historia del derecho". 1792-25, que en materia participación en los gananciales establece un derecho de pago preferente a favor de los acreedores anteriores al nacimiento del crédito de participación. Si bien inicialmente, y a partir de sus expresiones, parece que el autor concibe la seguridad jurídica en función de las relaciones obligatorias y, por tanto, vinculada con los derechos personales y su protección, lo cierto es que la extiende a los derechos en general y, de hecho, afirma que la certeza del Derecho, la seguridad jurídica y la tutela de los derechos configuran el "sistema de protección jurídico"41. Esta decisión se denomina "fallo plenario", y tiene carácter vinculante, por lo cual, debe ser seguida por todos los jueces de esa cámara, así como por los jueces inferiores que actúan dentro de su órbita. Santiago: Editorial Jurídica de Chile. También lo han reconocido nuestros tribunales. Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales. "De los bienes familiares", en Claudia Schmidt Hott, María Dora Martinic Galetovic (coords.). Todas estas normas dan cuenta del interés del legislador por proteger los derechos adquiridos por los terceros frente a modificaciones de orden patrimonial que se produzcan posteriormente entre los cónyuges, y en todas ellas, el mecanismo que aparece es la inoponibilidad. Y tal mecanismo constituye, en definitiva, una ficción jurídica74, desde que el tercero protegido tiene derecho a conducirse como si la actuación ajena que le lesiona no existiera, pasando por sobre la realidad, en que en efecto ello ha sucedido. Problemas y atisbos de soluciones". Incumplimiento contractual, resolución e indemnización de daños. 4. Santiago: Puntolex. En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a: 1. Lo planteado es de interés para los terceros acreedores de los cónyuges frente a las adjudicaciones realizadas al liquidar la sociedad conyugal, pues podrían enfrentarse a alegaciones de los comuneros, sea el cónyuge adjudicatario no deudor, o los herederos del no deudor -a través de tercerías fundamentalmente- en orden a que los bienes perseguidos o embargados les pertenecen en razón de la liquidación y ese dominio se entiende retroactivo, en virtud del efecto declarativo, a la adquisición del respectivo bien151. Bienes familiares y participación en los gananciales. Esto es especialmente relevante en el plano de la regulación patrimonial del matrimonio, pues en tal contexto existen diversas situaciones en que se involucran los intereses o derechos de los terceros, sin que el legislador haya establecido siempre y claramente mecanismos de resguardo, en detrimento de la deseada y necesaria seguridad jurídica. Además, reconoce que al mismo tiempo, si los actos aparentes ocultan otros, debe afirmarse la inoponibilidad de los ocultos. Como expresa Manuel Somarriva: "Los cónyuges en el momento de casarse pueden tener bienes o adquirirlos durante el matrimonio. WebEn España, la principal norma legal sobre estas materias es la ley de enjuiciamiento civil (Ley 1/2000, de 7 de enero). Madrid: Civitas. Valparaíso: EDEVAL. Díez-Picazo, Luis (2007). "Seguridad Jurídica y fe pública", en Ubaldo Nieto Carol (coord. XVI. Aedo Barrena, Cristián (2011). Suele incurrirse en impropiedad jurídica al sostener que las controversias de competencia de la jurisdicción civil se adscriben exclusivamente a las suscitadas entre particulares. Schmidt Hott, Claudia (2004). Revista de Derecho Universidad de Concepción. En contra de esta última decisión la tercerista interpuso recurso de casación en el fondo, el que fue rechazado por la Corte Suprema, la que limita el efecto retroactivo de la liquidación a la fecha de disolución de la sociedad, que es cuando la comunidad se origina. Nuestros tribunales, por su parte, se han pronunciado reiteradamente en el sentido de que lo establecido es una inoponibilidad92. 63 No se trata de un escenario exclusivo del Derecho nacional, en España también Luis Felipe Ragel destaca la falta de atención a la inoponibilidad, Ragel (1994), p. 19. 87 Domínguez (1984), p. 106, aunque concluye que la utilidad de la norma se aprecia si se entiende que establece un supuesto de inoponibilidad por fraude. Bello Janeiro, Domingo (1993). En este terreno existen diversos supuestos en los que el legislador consagra este medio de protección para los terceros que se relacionan desde al ámbito jurídico con personas casadas. ¿Qué pasará con ellos una vez disuelto el matrimonio? Es preciso contar con reglas, o aplicar las mismas, en el sentido de que garanticen a los terceros que sus derechos no serán burlados ni afectados por el matrimonio de sus co-contratantes. Así ocurre, por ejemplo, en Argentina, en que la constitución "sólo produce efectos desde la inscripción en el registro inmobiliario correspondiente", según lo dispuesto por el art. Guilarte Gutiérrez, Vicente (1991). 159 Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago, Banco de A. Edwards con Carlos Hurtado Rogers (1999). 148, que al no hacer distinción alguna entre los acreedores, causa, sin duda, un menoscabo en la situación de aquellos que lo son desde antes de la declaración de bien familiar136. Por último, y muy vinculado con el problema anterior, se discute también la posibilidad de oponer el beneficio a los acreedores cuando se trata de juicios ejecutivos regulados en leyes especiales, toda vez que el legislador en el art. 31 Alejandro Guzmán se refiere a seguridad y certeza indistintamente. Esa es la opinión Gian Franco Rosso142, quien afirma que el derecho de estos acreedores. 107 Cristián Aedo plantea que no hay inconveniente alguno para que sea la mujer la que pretende eludir una deuda contraída con anterioridad, adjudicándose todos los bienes al marido. 42 En España Javier Fernández Costales destaca que junto con la visión más clásica de la seguridad jurídica, aparece otra perspectiva en que es entendida como protección del usuario y del consumidor, que está conectada con el funcionamiento del tráfico jurídico, y cuya trascendencia social es clara por su relevancia para la protección de los derechos de los ciudadanos en dicho contexto, especialmente por la preocupación de estos frente a los fraudes que pueden suscitarse ante la falta de tal seguridad. Guzmán Brito, Alejandro (1983). 1317 consagra una inoponibilidad, Álvarez (1996), p. 191 y ss. Merino Scheihing, Francisco (1996). Análisis de los supuestos de inoponibilidad como mecanismo de protección de los terceros en la regulación patrimonial del matrimonio. En síntesis, en todos los casos en que opera la inoponibilidad existe una actuación jurídica que entra en conflicto con la de terceros ajenos, y el Derecho opta por dar prevalencia a la que era anterior o cuyo titular desconocía la situación verdadera y perjudicial. Debe limitarse el efecto declarativo para proteger de manera adecuada los derechos de terceros. Debe tomarse nota de que en el idioma inglés existe una discusión similar sobre el término Civil Law, que es la traducción inglesa del derecho continental. 96 Así lo destaca Álvarez (1996), p. 190. Sin embargo se mantiene la nomenclatura que reconoce como delito estatutario, por ejemplo, al delito creado por la ley. WebLas acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto darán a su titular el derecho a percibir un dividendo mínimo fijado en el reglamento de suscripción y que se pagará de preferencia respecto al que corresponda a las acciones ordinarias; al reembolso preferencial de los aportes una vez pagado el pasivo externo, en caso de disolución de la sociedad; y … Y dentro de las segundas -que fundan en la afectación injusta de los derechos de terceros con el acto inoponible- sitúan, entre otras, aquellas que surgen por lesión de los derechos adquiridos. Si se reconoce la protección de la apariencia como una regla de aplicación general, que busca concretar la seguridad del tráfico y la protección de los terceros, debe admitirse su aplicación de forma amplia si se cumplen sus requisitos, aun a falta de ley que así lo disponga62. También Alejandro Romero Seguel afirma que uno de los supuestos más frecuentes de inoponibilidad es el que se da respecto del pacto del art. 1723 regula el pacto de sustitución del régimen económico-matrimonial, o convención matrimonial83, a través del cual los cónyuges mayores de edad pueden, durante la vigencia del vínculo, sustituir el régimen de sociedad conyugal por el de separación total de bienes o el de participación en los gananciales o, bien, estos últimos entre sí84. 86 Cristián Aedo cita a Manuel Somarriva en tal sentido: Aedo (2011), p. 39. Por esta razón, la constitución de estos derechos reales se encamina a asegurar dicho uso, en especial para aquellos supuestos de separación de hecho que se puedan producir, y en tal sentido refuerzan la protección conferida por la declaración de bien familiar. "El efecto absoluto de los contratos", en Carlos Pizarro Wilson, Alvaro Vidal Olivares. 1723 se ponga atención, como hace el fallo, en la fecha del embargo y no en la del crédito. Similares cuestiones destaca Ramón Meza Barros5 y afirma como indispensable un ordenamiento jurídico que las rija. Así, el amparo a que alude Daniel Peñailillo se materializa permitiendo a los terceros actuar como si la situación derivada del hecho ostensible que no es real lo fuese y, por consiguiente, autorizándoles a desconocer todo aquello que no les fue posible observar o conocer al momento de desplegar su actuación. Y se trata de un punto fundamental, porque permite definir en qué se traduce la protección, cuál es su alcance y cómo se evita el perjuicio para el tercero. Son diversos los casos en que se observa que las soluciones o reglas dadas por el legislador para proteger a los terceros se explican precisamente a partir de la protección de la apariencia, como se verá en la segunda 74 parte de este trabajo. Inoponibilidades necesarias para proteger a los terceros, aunque no consagradas legalmente ni reconocidas jurisprudencialmente. Este código se divide en 4 libros: Libro I, sobre Disposiciones comunes a todo procedimiento; el Libro II sobre Juicio Ordinario, el Libro III sobre Juicios Especiales, y el Libro IV de los Actos Judiciales No Contenciosos; en 925 artículos. El tribunal resuelve una apelación interpuesta por la mujer en calidad de tercera en un juicio en que se encuentra embargado un inmueble de propiedad de su cónyuge, invocando para ello como interés la circunstancia de haber sido declarado el inmueble provisoriamente bien familiar. Como se puede apreciar, y así lo advierte en España Luis Diez Picazo26, la idea general de seguridad envuelve la de ausencia de riesgos o amenaza de perjuicios o pérdidas, así como la de certidumbre respecto de algo, que, por lo mismo, se afirma seguro. Es una rama del derecho que regula el proceso, a través del cual los “sujetos de derecho” recurren al órgano jurisdiccional para hacer valer sus propios derechos y resolver incertidumbres jurídicas. 141 Sentencia de 18 de noviembre de 1998, Fallos del mes, N° 480, pp. 153 Aunque, en realidad, también plantea problemas respecto de los propios cónyuges, en particular el propietario que de entender literalmente la norma podría ver afectado un bien de su propiedad sin tener conocimiento de ello, con todas las consecuencias que la afectación implica. Refiriéndose a la regla del art. N° 223, pp. De Castro (1985), p. 531. Personalmente, difiero de dicho planteamiento, ya que no se trata de hacer prevalecer el interés de uno u otro, sino de lograr un equilibrio que asegure a ambos -familia y terceros-la protección que corresponde, y ello evidentemente se logra dejando de entender en un sentido literal el texto legal. Se advierte así su naturaleza de mecanismo protector de terceros, cuya justificación última es garantizar la seguridad jurídica. En un segundo sentido, la seguridad jurídica es explicada en la doctrina como referida a los derechos subjetivos34, y consiste en que sus titulares cuenten con mecanismos adecuados de reconocimiento y, asimismo, sean protegidos de manera efectiva en dicha titularidad y en su ejercicio. Aunque, como señalé, el legislador no se hace cargo de esta situación protegiendo expresamente el interés de los terceros acreedores, es posible fundar la solución planteada no solo en la vigencia general del principio de protección a los terceros sino, también, en diversas disposiciones del Código Civil, que son en rigor una concreción del mismo. "Contribución al estudio de los regímenes matrimoniales". Al igual que sucede en el caso de la transformación provisoria como bien familiar, en este caso debe reconocerse una inoponibilidad de la afectación de los derechos sociales y acciones respecto de terceros que se funda en la protección a la apariencia jurídica, pues si no se han practicado las referidas anotaciones o subinscripciones, la única situación que se les presenta y en la que de buena fe deben confiar es en la de ausencia de toda restricción referida a tales derechos y acciones, y esa confianza debe ser protegida por la vía de la inoponibilidad de aquella realidad a la que no les fue posible acceder.

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